Oposición a la Ejecución Hipotecaria

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado sentencia en fecha 17 de julio de 2.014, en la que, una vez más, ha tirado de las orejas al legislador, poniendo en evidencia la desigualdad de trato existente entre los consumidores (deudores) y profesionales (entidades de crédito) en el procedimiento ejecutivo hipotecario español.
No ha sido esta la primera vez en que el TJUE ha puesto en evidencia el sistema de ejecución hipotecario español. Conviene resaltar la trascendental sentencia de 14 de marzo de 2.013, que propició que el juez español pudiese estudiar de oficio los contratos hipotecarios para valorar si había cláusulas abusivas, y que dio lugar a la promulgación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Si bien es cierto que en materia de ejecuciones hipotecarias se ha producido un significativo avance, en aras del principio de igualdad de armas entre acreedor bancario y deudor, la realidad es que, y en base a la reciente sentencia del TJUE, todavía existen en el articulado español disposiciones que son contrarias al Derecho Comunitario. Concretamente, el artículo 695.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula la oposición a la ejecución hipotecaria, y en virtud del cual se concede a la entidad de crédito la posibilidad de recurrir si se ordena el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva, pero sin embargo, no se le concede dicha oportunidad al deudor cuando es desestimada la oposición. Esta desigualdad entre ambas partes, que coloca en situación de inferioridad al deudor hipotecario, vulnera el artículo 7.1 de la Directiva 93/13 y el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En todo caso, y teniendo en cuenta que se han disparado las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas como consecuencia de la situación económica que atraviesa el país, es fundamental conocer la nueva legislación en esta materia que, aunque todavía arcaica, permite a muchos deudores ver la luz ante los abusos bancarios a los que están siendo sometidos. En este sentido, el Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo, de medidas urgentes para la protección de deudores hipotecarios sin recursos, facilita la DACIÓN EN PAGO como alternativa a la ejecución hipotecaria, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos en relación a la hipoteca y al deudor. Por su parte, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, ha introducido las siguientes medidas:

– Contempla la posibilidad de oponerse a la ejecución hipotecaria en base al carácter abusivo de las cláusulas del contrato.
– Prevé la suspensión durante dos años de desahucios sobre viviendas habituales que afectan a personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.
– Se fija el interés de demora en tres veces el interés legal del dinero.
– El vencimiento anticipado del préstamo no se producirá antes de que se hayan dejado impagadas tres plazos mensuales de la obligación de pago.

Sin embargo, todavía queda mucho camino que recorrer para alcanzar la igualdad de armas entre el deudor y la entidad bancaria, por lo que será necesario que se promueva una reforma del procedimiento de ejecución hipotecaria.

David Alfaya Massó. Abogado
Yolanda Fernández Fernández. Abogada