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Cuando las cosas no van bien para una empresa y se toma la difícil situación de cerrar un negocio, todo son complicaciones, para empezar los socios deben tomar la decisión por mayoría ordinaria (que en caso de S.L. equivale a un tercio de las participaciones del capital social), de la junta general de socios.

Si existen deudas la sociedad no podrá disolverse, y nos obligaría a presentar concurso de acreedores. La Ley Concursal entiende la insolvencia del deudor como la imposibilidad de hacer frente a los pagos, aunque tenga patrimonio, si no se dispone de liquidez suficiente para pagar las deudas. Existe la posibilidad de presentar el conocido como preconcurso de acreedores, que mediante solicitud al Juzgado de lo Mercantil, concede un plazo de 3 meses para refinanciación de la deuda y buscar un acuerdo con los acreedores, normalmente mediante una quita y/o espera.

Los artículos del 360 al 400 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, establece todo lo relativo a la disolución y liquidación de sociedades, siendo causa de disolución de una sociedad de capital:
a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año.
b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.
c) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.
d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.
e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.
f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley.
g) Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años.
h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.

Tras el acuerdo de disolución se abre el período de liquidación, nombrando liquidadores; y que en el caso de micropymes o pequeñas sociedades limitadas puede realizarse de forma simultánea, siempre que no sea necesario liquidar bienes de la sociedad, y no haya operaciones pendientes. Los socios aprobarán el balance final de liquidación y el informe de las operaciones realizadas, repartiendo el patrimonio resultante de la liquidación conforme a las normas que se hubiesen establecido en los estatutos o, en su defecto, a las fijadas por la junta general.
Finalmente los liquidadores otorgarán escritura pública de extinción de la sociedad, en el Notario y procederán a su inscripción en el Registro Mercantil.

Pero, lo más fácil y habitual es simplemente presentar en la Agencia Tributaria de forma presencial o desde la sede electrónica, el modelo 036 marcando la opción de cese de actividad y la fecha de la misma; y no hacer nada más, lo que supone un incumplimiento de funciones de los administradores de la sociedad, y con el riesgo que conlleva de un posible concurso de acreedores necesario que podría presentar alguno de nuestros acreedores para intentar cobrar la deuda existente, presumiendo la culpabilidad del administrador o consejo de administración, lo que nos lleva al pago de las deudas de la sociedad con los bienes particulares, incluso mediante el embargo preventivo.

El coste de la disolución y liquidación de una sociedad limitada, donde las cosas no fueron bien y los socios toman la decisión de forma consensuada y pacíficamente, se limitada a los gastos de escritura notarial de disolución y liquidación y los gastos de su inscripción en el Registro Mercantil, que para una micropyme podría rondar los 600 euros. Pero en la mayoría de los casos, todo se complica: Discrepancias entre socios, falta de convocatoria de la junta general, contabilidad con errores, lo que conlleva a la dificultad de preparar el balance de cierre, existencia de operaciones pendientes o venta necesaria de bienes de la sociedad para poder liquidarla.

David Alfaya Massó
Abogado