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En estos momentos de crisis, desempleo y continuos despidos, el Fondo de Garantía Salarial se encuentra desbordado de solicitudes para atendar pagos de indemnizaciones y cantidades de empresas en concurso de acreedores, empresas desaparecidas o insolventes, y pago del 40% de la indemnización de despidos objetivos de trabajadores indefinidos en empresas de menos de 25 trabjadores.

Como consecuencia del aumento de solicitudes al FOGASA, las resoluciones se demoran más de un año, con la desesperación e incertidumbre que esto conlleva.
Pero la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 15 de Valencia del 1 de julio de 2013, puede poner fin a esta situación, ya que la no contestación expresa del FOGASA dentro de los tres meses siguientes debe entenderse con efecto positivo.

La sentencia confirma que FOGASA ha incumplido con su resolución la previsión contenida en el artículo 43.3 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, conforme al cual “3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen: a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.” de cuanto se sigue que, la no contestación expresa del FOGASA dentro de los tres meses siguientes, debía entenderse con efecto positivo, tal y como expresa el artículo 42.3 de la Ley 30/1992 de modo que por este motivo y en tanto contradijo el trascrito tenor legal las dictadas por el FOGASA, deberá ser anuladas, lo que necesariamente comporta la estimación de las demandas acumuladas que rigen el proceso.

Si los juzgados de los Social comparten lo expuesto en esta sentencia, puede suponer un duro revés para el FOGASA y abre las puertas a todos los perjudicados por resoluciones desestimatorias por defectos en la documentación, procedimiento incorrecto o incluso por interpretación de los hechos que generan el derecho a la prestación del FOGASA. Es muy probable que en los próximos meses se presenten muchas demandas en esta línea, y habrá que esperar a que se pronuncien los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo, para confirmar esta interpretación.

David Alfaya Massó. Abogado